CONOCE NUESTRO BALANCE 2018: DE DULCE Y AGRAZ

2018 podría calificarse como un año de transición para la minería chilena. Un año en que se vieron las primeras señales de reactivación de la inversión en nuevos proyectos y expansiones e importantes avances en iniciativas dirigidas a enfrentar los desafíos futuros que enfrenta el sector. Sin embargo, también fue un año en que persisten incertidumbres respecto de la situación del mercado del cobre y sobre temas legales e institucionales que afectan al sector que aún queda por resolver.

En cuanto a la inversión, el 2018 fue más auspicioso, fundamentalmente por un cambio en las expectativas de la industria del cobre. Luego de la larga depresión que siguió al fin del super ciclo, las empresas mineras, a pesar de un menor precio que el año anterior, mejoran sus expectativas de recuperación del precio en el mediano y largo plazo y logran “ordenar la casa”, consolidando reducciones de costos, bajando endeudamiento y así alcanzando una situación financiera más sólida. Todos estos factores, unidos a la oportunidad de invertir contra cíclicamente, explican las decisiones de materializar proyectos, entre los que destacan las de Antofagasta Minerals que da el vamos a la expansión incremental de Los Pelambres junto a la construcción de una planta desaladora, el Proyecto QB2 de Teck que consigue su aprobación ambiental e incorpora a Sumitomo como socio de la iniciativa y el reciente anuncio de Anglo American para desarrollar nuevas reservas de mineral en Los Bronces, prolongando la vida de esa operación.

Estas inversiones, junto a los grandes proyectos en construcción, los “estructurales” de Codelco y la explotación de sulfuros en Spence de BHP, parecen indicar que Chile finalmente estaría retomando su liderazgo en la industria luego de un prolongado letargo. En efecto, según el recientemente publicado, Anuario Estadístico 2018 de Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG), entre 2008 y 2017, la producción de cobre chilena creció apenas en 175.000 toneladas, reduciendo su participación en el mercado de 34% a 27%, mientras Perú crecía del 8% al 12% en el mismo periodo.

No obstante, persiste la incertidumbre acerca de la dirección del mercado del cobre. A pesar de factores fundamentales solidos -demanda estable y con buenas perspectivas de aumento en el largo plazo por la irrupción de la electromovilidad y una oferta creciendo con dificultad- los coletazos de la guerra comercial y sus efectos sobre el crecimiento mundial y potenciales conflictos geopolíticos, mantienen el precio del cobre relativamente bajo y con alta volatilidad. La recuperación del precio depende de estas variables y no existe claridad en torno a cuando se disiparan.  De allí, la importancia de abordar con decisión una serie de temas en el plano de las políticas públicas y de la gestión de las empresas mineras que ayuden a mitigar estas incertidumbres y se hagan cargo de los desafíos presentes y futuros de la minería chilena.

Pasando revista a estos temas, 2018 tuvo de dulce y agraz.

Entre los que muestran avances, se pueden destacar la consolidación institucional de Valor Minero y Alta Ley, iniciativas que apuntan a proponer e implementar soluciones de carácter público-privado a los temas de dialogo e inserción comunitaria virtuosa de la actividad minera y a fortalecer la innovación tecnológica en la minería, respectivamente.

También es destacable el impulso que las empresas mineras y diversas organizaciones han dado a incorporar como temas centrales de gestión, la inclusión y diversidad de genero en el sector. No solo como discusiones y deseos, sino que con resultados tangibles.

De mayor relevancia para la viabilidad de la minería en el largo plazo, también se ha ido visibilizando una agenda para enfrentar los desafíos que impone la creciente automatización de las operaciones mineras y el desarrollo de la “minería verde” dirigida a mitigar los impactos de la minería en el ecosistema nacional y en el comercio internacional de minerales y metales.

Junto a estos aspectos de mayor optimismo, quedan aún temas de mucha relevancia donde no se aprecia, principalmente por parte del Estado, un sentido de urgencia en resolverlos.

Entre estos, la concreción de la anunciada reforma al Sistema de Evaluación Ambiental que fortalezca la institucionalidad que interviene en este proceso, más allá del SEA, y aísle las decisiones de instancias y consideraciones políticas.

Por otra parte, el diseño de una política para el desarrollo del litio, que deje atrás una legislación obsoleta inspirada en mitos superados por la evolución del mercado, y permita el crecimiento de un sector con evidentes ventajas competitivas frente a otros países donde, al revés de Chile, la industria crece vigorosamente.

A pesar del enorme esfuerzo por parte de la administración de Codelco para reducir costos y continuar avanzando en el desarrollo de sus proyectos estructurales, y pese al anuncio de capitalización por USD 1.000 millones de mediados de año, no se aprecia una voluntad real de resolver el grave problema de financiamiento que aqueja a la empresa desde el retorno a la democracia.  

Así, durante 2018, no solo no se avanzó en la definición de una política de capitalización de Codelco, que le permita desarrollarse, crear valor para todos los chilenos y competir en igualdad de condiciones en la industria global del cobre, sino que si bien el Gobierno anuncia un proyecto para establecer un mecanismo para financiar las Fuerzas Armadas con la intención de transparentar frente al país la asignación y control de los recursos para la defensa, la iniciativa establece que por los próximos ocho años, Codelco seguirá estando gravada por un impuesto del 10 por ciento de sus ventas brutas de cobre por el fisco chileno.   Esto es lo contrario a lo que estipulaban los múltiples proyectos de ley que se anunciaron en los últimos veinticinco años que justamente estaban principalmente inspirados en liberar a Codelco de un tributo discriminatorio que afecta gravemente su gestión.

En otros frentes, sigue estancada, por la obstrucción de intereses muy específicos que no son parte de la Gran Minería, la discusión de una propuesta que modernice y dinamice la exploración minera en Chile, abriendo oportunidades para inversionistas y empresas permitiéndoles el acceso a propiedades mineras inexploradas para incrementar los recursos minerales del país y que hoy no están disponibles debido a una legislación que el resto de los países mineros dejó atrás hace muchos años.  En este mismo sentido, no se ve una voluntad de enfrentar el agotamiento del modelo de negocios de Enami, su precaria situación financiera y un gobierno corporativo obsoleto, que continúan dificultando un desarrollo vigoroso de la mediana minería, a diferencia del resto de los países mineros.

Finalmente, 2018 viene a ratificar inequívocamente que el sector minero es el motor de la economía y que mientras los lideres políticos, empresariales y sociales de Chile no asuman esta realidad, nuestro futuro como “país minero” puede verse seriamente amenazado.