CESCO y CRU analizan escenarios en los que se desenvolverá la minería a 2040

Escasez de agua, incertidumbre regulatoria y licencia social para operar:

CESCO y CRU analizan escenarios en los que se desenvolverá la minería a 2040

Para analizar los distintos factores en los que se deberá mover la industria extractiva en el futuro en nuestro país, fue que el Centro de Estudios del Cobre (Cesco) y CRU Group –consultora inglesa que este año cumple 50 años operando y 13 en Chile-, se reunieron esta mañana en CasaPiedra para compartir visiones respecto a los desafíos y oportunidades que enfrentará la minería a 2040.

“La minería es muy relevante para nuestro país y esperamos que siga siendo un motor de desarrollo en el futuro sin embargo existen numerosos desafíos que pueden provocar incertidumbre”, dijo Juan Esteban Fuentes, Head de CRU en Sudamérica.

El encuentro dio inicio con la participación del ex viceministro de minería peruano Ricardo Labó, quien entregó su visión respecto al escenario actual en el que el sector se está desarrollando en su país. Labó explicó a los asistentes que cerca de un 40% de los proyectos mineros se encuentran estancados, especialmente por la incertidumbre social y política.

EL proceso de materialización de un proyecto puede tardar cerca de 17 años, desde la exploración a su funcionamiento, por lo que los principales desafíos del país vecino es bajar estos tiempos, conseguir una participación temprana de la población, y mayor certidumbre política.

Para Alejandra Wood, Directora Ejecutiva de Cesco, “La problemática que enfrenta la minería privada en Perú, está instalada en la esfera pública, es decir, los congresistas de las regiones del sur están proponiendo cambios a la ley minera, están proponiendo iniciativas, la discusión está en los diarios. Esto se diferencia a nuestro sector, donde nuestras problemáticas no están en la esfera pública, donde solo se habla del precio del cobre, las negociaciones colectivas y punto. En ese sentido Perú nos lleva ventaja”.

Posteriormente fue el turno de Rebecca Gordon, actual CEO de CRU Consulting, quien realizó una presentación sobre la proyección de la demanda global de cobre, que hacia el 2030, el 49% de su crecimiento estaría explicada por la electromovilidad. Mencionó los factores que podrían impactar la proyección mencionando el rol de China y los incentivos públicos para la producción de vehículos eléctricos y la obligación de las automotoras extranjeras a asociarse con un productor local para la producción de los mismos. Asimismo, la imposición de la economía del hidrógeno por sobre las baterías, también tendría un impacto en las cifras.

Luego de mostrar el pipeline de proyectos probables para Chile, un 80% de ellos son expansiones brownfield, rebeló el impacto de los mismos junto a la infraestructura asociada en las regiones del norte y la oportunidad de colaboración público privada para compartir la misma, disminuyendo los costos de las inversiones y el impacto en el territorio.

“El cobre sigue siendo la exportación más importante para Chile en términos de valor sin embargo hay que tener presente que el volumen de hierro exportado es superior, lo que es muy importante en tener en cuenta al hablar de infraestructura asociada y stress sobre el territorio”, señaló Gordon.

Gordon destacó que Chile está en condiciones de abastecer el 20% de la demanda del mercado, pero que actualmente se encuentra con barreras como lo son la demanda por agua, energía, el aumento en el cash cost y consiguiente pérdida de competitividad del sector, la dificultad para obtener financiamiento para las inversiones dadas las exigencias en torno al medio ambiente, la sustentabilidad y gobernanza.

Desafíos y oportunidades

Posteriormente, se realizó un panel que contó con la participación del abogado Matías Desmadryl, la economista Annie Dufey, el presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley Mauro Valdés y Ricardo Labó, instancia que fue moderada por el miembro del directorio de Cesco y académico UC, José Joaquín Jara.

Entre las principales conclusiones de la discusión, se destacaron las distintas condiciones requeridas para obtener una licencia social para operar, donde la clara comprensión por parte del proyecto de su área de influencia, junto a la participación informada y temprana; así como el avance desde una inversión social asistencialista hacia una con criterios de sostenibilidad y desarrollo local, fueron mencionados como aspectos claves.

Por otro lado, existe preocupación por parte de la industria relacionada al ámbito regulatorio, lo que crea mayor incertidumbre en la concreción de proyectos mineros, y donde se puede observar contradicciones en el Estado en los procesos de permisos.

Otro de los puntos que se tomó la conversación, se relacionó al uso del agua, en un escenario donde la escasez de este insumo es cada vez más alarmante. Frente a la sequía, existe en la población una disputa por el uso del agua en el sector agrícola, y una fuerte preocupación por una eventual escasez de agua potable. Ante este escenario, la minería en la zona central de Chile enfrenta un desafío mayor. 

Chile está mejor posicionado a nivel global por sus reservas de cobre e infraestructura productiva minera, como, asimismo, tiene ventajas y oportunidades en torno a la innovación, colaboración para compartir infraestructura, posicionamiento de su producción como una amigable con el medio ambiente y las comunidades. No obstante, se requiere de mayor presencia de las instituciones públicas, mejor política pública y decidida coordinación con el sector privado para aprovechar estas ventajas. 

 “Vemos que el crecimiento futuro de nuestra industria va a estar liderada por esta economía limpia o verde, y, sin embargo, nos preguntamos qué está haciendo la industria chilena para producir una minería verde. Intuyo que las compañías están comenzando a avanzar en esta dirección, pero mientras eso no se sepa públicamente, pareciera que no está pasando nada al respecto”, señaló Wood. 

“Hay grandes desafíos tecnológicos para mantener y aumentar la producción en las grandes operaciones, como qué hacer con los relaves, por ejemplo. Creo que hay tremendas oportunidades de coordinación para mitigar el impacto de la infraestructura en el territorio. Por otro lado, la oportunidad de ponerse de acuerdo para la trazabilidad de nuestra producción, son todas oportunidades. Me llama la atención la ausencia del gobierno en la conversación de hoy, al igual que de los grandes actores del sector, porque es de vital importancia que empecemos a ponernos de acuerdo al respecto”, finalizó la Directora Ejecutiva.