Columna publicada el 30 de diciembre de 2009. Diario La Tercera.
El rechazo de la oferta que Codelco hizo a los trabajadores de Chuquicamata, y la consecuente amenaza de huelga que esto significa, le resulta incomprensible al país.
Los beneficios ofrecidos en materia de bonos ($ 11,5 millones, un crédito blando por otros $ 3 millones) y reajuste salarial (3,8%), son considerables no sólo respecto a acuerdos laborales en otros sectores de la economía chilena, sino incluso si se comparan con los de la propia minería nacional. Baste recordar que la División Andina de Codelco alcanzó un acuerdo anticipado con bonos por $ 7.300.000 y un reajuste salarial de 3%.
Los trabajadores de Chuquicamata, en un acto más bien de voluntarismo, pretenden equiparar sus beneficios a los obtenidos por los trabajadores de Escondida en su última negociación colectiva. Sin embargo esta última mina produce anualmente el doble de cobre (1,2 millones de toneladas), que Chuquicamata (0,6 millones de toneladas), pero con sólo 2000 trabajadores propios, comparados con los más de 6000 de Chuqui. Es cierto que en esta última operación se funde y refina (lo que no se hace en Escondida), y que el yacimiento principal es ostensiblemente más antiguo, pero por lo mismo es evidente que la menor productividad laboral no justifica que se intente equiparar los beneficios de Escondida. Además el convenio colectivo acordado por Escondida con sus trabajadores es por 44 meses mientras que el negociado en Chuquicamata es de solo 36.
Pero más allá de las relevantes consideraciones económicas, lo que queda aquí establecido es que los trabajadores de Chuqui tienen una noción irreal de su rol en el país. La larga historia de las minas de Chuquicamata y El Teniente ha creado una verdadera micro-cultura que los hace considerarse privilegiados e intocables, y por ende actuar de un modo alejado de la realidad económica y social del resto del país. No se trata ya sólo de una negociación colectiva, sino de una permanente actitud de querer imponer sus términos por sobre los criterios de la administración de la empresa. Baste como ejemplo las dificultades que encuentran los gerentes para despedir trabajadores -aun cuando ello se justifique plenamente de acuerdo a las condiciones normales de cualquier empresa-, o la imposibilidad de la administración para modificar la estructura organizacional, sin el consentimiento de los trabajadores a cambio de la entrega de bonos adicionales ad-hoc.
Los chilenos apreciamos el esfuerzo de los trabajadores del cobre por crear riqueza en el desierto, así como el valor de haber constituido una empresa nacional como Codelco a partir de un largo proceso histórico y político. Sin embargo eso no puede convertirse en una carta blanca que impida que todos los chilenos, dueños de la empresa, exijan el mayor esfuerzo y rentabilidad a los activos mineros estatales.
Chile aprecia a Codelco pero también quiere tener la certeza que su manejo le pertenece claramente y no a pequeños grupos de trabajadores. Es así como hoy se hace evidente la disyuntiva a la administración de Codelco, entre ceder a estas demandas -y evitar así los costos de una paralización-, o asumir de verdad una estrategia que le de viabilidad a la empresa en el largo plazo.
Es justo reconocer que los dirigentes sindicales de Codelco han mostrado un sentido de mayor realismo y responsabilidad, entendiendo de mejor manera las circunstancias y desafíos que enfrenta la Corporación. Por ello es esperable que la razón vuelva a las bases de trabajadores y se alcance pronto un acuerdo. No hay que olvidar que Chuquicamata enfrenta el deterioro evidente de sus variables mineras y que requiere inversiones cuantiosas y complejas sólo para mantener sus estándares productivos, desafíos que requerirán de todas las herramientas que aseguren una buena gestión de los mismos. De no ser así las consecuencias las pagaremos todos en algunos años más.
Juan Carlos Guajardo B.
Director Ejecutivo
Centro de Estudios del Cobre y la Minería
CESCO