Declaración pública Cesco

Ante los proyectos normativos aprobados por la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente en relación con la actividad minera, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO, expresa su máxima preocupación por el tenor de los cambios que se proponen a las bases jurídicas e institucionales que sustentan la actividad, deteriorando en forma radical las condiciones que permitan mantener la minería como una actividad económica en Chile, tanto pública como privada, y así abordar los objetivos de desarrollo sostenible de nuestro país.

Las propuestas que se votarán en el pleno buscan posicionar al Estado como antagonista de los privados en el sector minero, en lugar de favorecer la cooperación de ambos sectores. Tal orientación es posible verificarla, entre otros, en los siguientes aspectos de dichas propuestas:

  • Eliminar la concesión minera que actualmente otorgan los tribunales por una autorización temporal, sujeto a mayor discrecionalidad y que no garantiza ningún tipo de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento del recurso mineral.
  • Limitar el potencial minero en gran parte del territorio, sin reconocer el impacto intergeneracional y territorial de tales propuestas.
  • Dejar al arbitrio de una ley común las sustancias minerales susceptibles de ser explotados por particulares.
  • Prohibir la explotación del litio y otros minerales no metálicos por privados, ni siquiera a través de contratos con el Estado.
  • Establecer de manera evidente la sombra de la nacionalización para toda actividad económica, restando certeza a quienes quieran desarrollarla.
  • Destinar los recursos que el Estado recaude de la actividad minera, que actualmente son responsabilidad de las empresas, para fines y lugares específicos, limitando la acción futura de los gobiernos.

Las normas propuestas reflejan una total disociación sobre la importancia y virtudes que ha tenido la minería en la historia de Chile, la marcada conexión que tiene la actividad minera en los territorios y la contribución que tendrá en el desafío planetario de enfrentar el cambio climático. Sin duda, la minería tiene el potencial de constituir un agente catalizador para el desarrollo del país, como es posible reconocer durante toda su historia, hecho irrefutable que se esperaría fuera parte de los principios que sustenten el actual debate constitucional.

Entre esos principios se encuentran: Una mejor distribución de sus beneficios; un mayor valor agregado priorizando el componente de desarrollo tecnológico; un cambio profundo en relación con el cuidado de la naturaleza y las relaciones con las comunidades donde realiza su actividad y, desde luego, que nuestro ordenamiento jurídico provea el marco adecuado para el desarrollo a largo plazo de la actividad.

Esta visión, aunque en un contexto histórico y económico muy diferente, fue la que inspiro las trascendentales reformas de los gobiernos de los presidentes Eduaro Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, quienes materializaron, primero, la Chilenización y, luego, la Nacionalización de la gran industria del cobre como una manera de impulsar la inversión y el desarrollo de la minería del cobre, que se encontraba estancada, y, al mismo tiempo, como una forma de  capturar mayores beneficios para el país. Sus consignas fueron que el cobre es la “Viga Maestra” y el “Sueldo de Chile”.

Entendemos que la tarea de la Convención Constituyente consiste en la elaboración de un texto constitucional para el Chile del futuro, un país más sostenible. Pues bien, resulta indiscutible que un mundo más sostenible necesita de más minería, una de baja huella socio ambiental, activa impulsora de las capacidades locales y formas de relacionamiento necesarios para un crecimiento y desarrollo sostenible. Ello requerirá de inversión de calidad, conocimiento, tecnología e inclusión.

Lamentablemente, las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente no se preocupan de esto, reniegan el pasado, cuestionan la validez de realizar minería como actividad económica necesaria para la humanidad, y no reconocen la capacidad que tienen las empresas mineras para convivir armónicamente con el medioambiente y las comunidades. Además, elimina cualquier incentivo a que esta actividad la desarrollen privados, todo lo cual genera incertidumbre, ralentiza y arriesga la inversión que Chile necesita.

La minería chilena no es perfecta, muchas cosas hay que hacerlas mejor, pero tampoco es la actividad básica y primaria de la caricatura que se ha pretendido mostrar en el último tiempo, ni es justa categorizarla como “extractivista”, una descalificación errónea y muy limitada.

CESCO valora y apoya el proceso constituyente en curso, en el cual participamos exponiendo una propuesta fruto de un trabajo serio y riguroso a la Comisión de Medio Ambiente, sin embargo, no podemos callar ante sus propuestas finales. Tenemos la convicción que de ser aprobadas por el Pleno de la Convención terminarán con la larga tradición minera de Chile y resultarán en corto plazo en un empobrecimiento del país, sus regiones y sus ciudadanos.

Como institución, llamamos al Pleno de la Convención a realizar un análisis y discusión a la altura de las decisiones que están sobre la mesa y al rechazo o modificación sustancial de las propuestas mencionadas antes que resulte demasiado tarde.

 

Directorio de CESCO.